Según datos recopilados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la potencia instalada en España de energía eólica supera los 25.700 MW. En 2019, se han instalado un total de 2.243 MW, lo que supone un total de potencia eólica instalada en España de 25.704 MW. En comparación con 2018, en el pasado año se ha multiplicado por cinco la potencia instalada.
España se sitúa como primer país de la UE en el ranking de países con mayor potencia eólica onshore instalada durante 2019. En total, en la UE y según datos de WindEurope, se han instalado 13,2 GW entre onshore y eólica offshore, un 27% más de la potencia instalada en 2018, un 78% de este incremento corresponde a España. Actualmente, la energía eólica en Europa produce el 15% de la electricidad que se consume y el 67% de la potencia eólica instalada se concentra en cinco países, siendo España el segundo país con mayor potencia eólica.
En nuestro país, la energía eólica tiene presencia en prácticamente todas las comunidades autónomas, exceptuando la comunidad autónoma de Madrid, Ceuta y Melilla. Durante 2019, las comunidades autónomas que más eólica han instalado han sido Aragón (1.102 MW), seguida de Castilla y León (461 MW) y Galicia (416 MW).
En total, en España hay 1.203 parques eólicos, con 20.940 aerogeneradores instalados, que cubren el 20,8% del consumo eléctrico. Asimismo, los centros de fabricación están presentes en dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas.
Las 5 empresas fabricantes de aerogeneradores que han instalado la mayor parte de los parques eólicos son Siemens Gamesa, Vestas, GE, Nordex-Acciona WindPower y Enercon. Entre los cinco fabricantes suman el 98,05% de la potencia instalada.
En 2020 se inicia una nueva etapa de compromiso y mayor ambición para lograr la descarbonización en España, donde la Transición Energética será uno de los pilares fundamentales que guiarán el desarrollo de nuestra sociedad. Desde la perspectiva europea, tenemos como objetivo europeo un 35% de energías renovables para 2030.
El papel de la energía eólica en la transición energética es principal. La industria eólica ofrece generación limpia y barata, y aporta un valor añadido adicional por el conjunto de externalidades positivas que ofrece (empleo de calidad, generación de riqueza en el territorio, cadena de valor completa y competitiva y liderazgo tecnológico) y por nuestro posicionamiento internacional.
“La eólica es una parte estratégica del capital productivo de nuestro país, que garantiza un flujo predecible de energía, con una fuerte presencia industrial manufacturera y de I+D, que permite la bajada de costes de la electricidad a los consumidores, crea empleo de calidad, ayuda a crear actividad económica en las regiones y reduce nuestra dependencia energética” afirma Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica.
“Para continuar con esta senda de crecimiento para la eólica, deseamos que próximamente se apruebe el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con unos objetivos ambiciosos para la eólica a 2030. El sector y la tecnología están preparados para ello. Igualmente, será necesario definir y diseñar las herramientas para garantizar el avance al ritmo requerido en la próxima década. Más en concreto, la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una de esas herramientas esenciales, ya que garantizará un marco normativo estable y un consenso político, lo que dará cobertura a la ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y permitirá que las empresas del sector puedan establecer sus estrategias empresariales y de inversión para la próxima década. Por eso es tan importante que la Ley se apruebe con los máximos apoyos posibles” añade J.V. Márquez.
“A corto plazo, aspectos como la regulación del acceso y conexión a la red, la modificación de diseño de las subastas, la facilitación de la repotenciación de parques existentes, los mecanismos para garantizar la integración de renovables en el sistema, la regulación de la hibridación y el almacenamiento, o el avance en el desarrollo de la eólica marina, se presentan como retos técnicos y regulatorios importantes” apunta J.V. Márquez como objetivos más inmediatos y relevantes.
